El panorama no pinta muy alentador en el sector inmobiliario y de la construcción, a la luz de la crisis eléctrica que vive el país.
Francisco Neri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), dijo que los constantes apagones que se viven en el interior del país generarán retrasos en el cumplimiento de obras.
Se pregunta cómo pueden los promotores mantener el nivel de producción, si no disponen de corriente eléctrica -hasta seis horas al día- buena parte del tiempo de una jornada de ocho horas.
"Hay estados del país (donde se están desarrollando mayor cantidad de proyectos habitacionales) en los que la luz se va hasta tres veces al día", comentó el dirigente empresarial.
Preocupación adicional
Los sectores inmobiliario y de la construcción afrontan por estos días un escenario marcado no solo por la crisis eléctrica, sino también por la recurrente falla en el suministro de materiales y la realidad que impone el proyecto de Ley de Preventa de Viviendas en Construcción o por Construirse, aprobado la semana pasada en primera discusión en la Asamblea Nacional.
Desde hace año y medio aproximadamente, cuando el Legislativo comenzó a dar señales de la necesidad de regular este mecanismo, el tema se ha convertido en un dolor de cabeza para los promotores inmobiliarios.
Aunque no rechaza la regulación, el sector no se muestra muy optimista respecto a la revisión del proyecto con los sectores involucrados, en lo que la Asamblea Nacional denomina el parlamentarismo social de calle.
Neri aseguró que de la cantidad de sugerencias que hizo la Cámara, apenas si se tomó en cuenta alguna. A pesar de eso, esperan ser consultados de nuevo y, adelantándose al proceso, sugirió que se agreguen al proyecto legal imprevistos como los cortes de luz o las fallas en el suministro de los materiales de construcción.
La CIV ha advertido sobre las consecuencias para el mercado de no haber fijado un patrón que permita reflejar este tipo de situaciones.
Prohibido cobrar IPC
En sendas resoluciones previas, el extinto Ministerio de Vivienda y Hábitat y luego el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda se adelantaron a la elaboración del proyecto legal. La segunda de las normas prohibió el cobro del denominado IPC (Índice de Precios al Consumidor) o inflación.
Y la ley no hace mención alguna a la posibilidad de recuperar el valor del dinero frente a eventuales aumentos de precios de insumos o demoras causadas por la falta de estos o por situaciones como los cortes de corriente eléctrica, mientras dura la construcción de una vivienda.
El tema es que los promotores sienten que tendrán que actuar como especies de magos para fijar los precios de los inmuebles y no perder en el tiempo.
"No sabemos cuánto va a ser la inflación en el primer año ni en el segundo", comentó y explicó que el precio tendría que ser más alto de lo que podría ser hoy.
La consecuencia sería un panorama más difícil para los compradores en lo que se refiere a la capacidad de pago del financiamiento que hacen las inmobiliarias a la inicial como parte del mecanismo de preventa.
Cuestión de tiempo
24 meses establece el proyecto de Ley de Preventa para la culminación de una vivienda, contados a partir de la firma del documento de compra-venta.
15 días continuos fija el documento como plazo para la devolución del dinero a los compradores que rescindan contratos.
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